No tengo dinero para pagar una indemnización penal: opciones legales y consecuencias

noviembre 7, 2025

Cuando una persona es condenada en un proceso penal, la sentencia puede incluir no solo una pena (como prisión o multa), sino también una indemnización penal a la víctima por los daños y perjuicios ocasionados. Pero ¿qué ocurre cuando el condenado no tiene dinero para pagar esa cantidad? En este artículo te explicamos qué significa exactamente, qué consecuencias tiene y qué alternativas existen para afrontar la deuda de forma legal.

No poder pagar una indemnización penal es una situación más común de lo que parece, especialmente cuando la persona condenada se encuentra desempleada, sin bienes o con otras deudas pendientes. Muchas veces, tras una sentencia, el condenado se enfrenta a la angustia de pensar: “si me condenan a pagar y no tengo dinero ni bienes, ¿qué puedo hacer?”. En estos casos, la ley contempla mecanismos que buscan equilibrar el derecho de la víctima a ser compensada con la realidad económica del responsable. Es importante comprender que la falta de recursos no elimina la obligación de pagar, pero sí permite acogerse a fórmulas como el fraccionamiento del pago, la ejecución condicionada o incluso la Ley de Segunda Oportunidad, que puede aliviar la carga económica en determinados supuestos.

Indemnización penal vs. pena

La indemnización penal no es una sanción en sí misma, sino una obligación civil derivada del delito. En otras palabras, es la compensación económica que debe recibir la víctima por los daños sufridos.

Por ejemplo:

• Si alguien causa lesiones en una pelea, puede ser condenado a una pena de prisión o multa (sanción penal) y además a pagar una indemnización por daños y perjuicios (responsabilidad civil).
• Si alguien comete un delito de estafa, además de la pena correspondiente, el juez puede ordenar devolver el dinero estafado.

Este tipo de indemnización se calcula conforme a la tabla de indemnización por daños y perjuicios, atendiendo a la gravedad del daño físico, moral o económico.

Por tanto, pena e indemnización son conceptos distintos, aunque ambos se derivan del mismo proceso judicial.

La ejecución forzosa: el proceso inevitable del embargo judicial

Si el condenado no paga voluntariamente, se inicia la llamada ejecución de sentencia penal de indemnización. En este procedimiento, el juzgado adopta medidas para embargar los bienes del deudor con el fin de satisfacer la deuda.

Esto incluye:

• Cuentas bancarias.
• Vehículos o inmuebles.
• Salarios o pensiones (si superan el mínimo embargable).

Cuando no existen bienes a nombre del condenado, la situación se complica. En ese caso, el afectado puede preguntarse:

“Si me condenan a pagar y no tengo dinero ni bienes, ¿qué ocurre?”

La respuesta es que el Estado no cancela la deuda, pero tampoco puede exigir lo imposible. La víctima no recibe su indemnización de inmediato, y la deuda queda pendiente hasta que cambie la situación económica del condenado.

Sin embargo, la obligación no desaparece: el pago queda suspendido, pero puede reactivarse en el futuro si se detectan bienes o ingresos.

El caso especial del embargo de salarios (SMI)

Uno de los puntos más delicados dentro de la ejecución de una sentencia penal por indemnización es el embargo del salario del condenado. En España, este proceso se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene como objetivo que la víctima pueda cobrar, al menos parcialmente, la cantidad fijada por el juez en concepto de indemnización en el proceso penal.

Ahora bien, la ley también protege el derecho del deudor a mantener unos ingresos mínimos para subsistir. Por eso, el salario mínimo interprofesional (SMI) actúa como un límite inembargable, garantizando que nadie pueda quedarse sin recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Esto significa que solo se puede embargar la parte del sueldo que supere el SMI. Por ejemplo, si una persona gana 1.200 € y el SMI es de 1.134 €, solo se embargará una fracción de los 66 € restantes, aplicando una escala progresiva establecida por ley. Cuanto mayor sea el ingreso, mayor será el porcentaje que puede embargarse, siempre respetando los tramos previstos.

En el caso de quienes no tienen un salario estable, trabajan por cuenta propia o perciben ingresos irregulares, el juzgado puede ordenar el embargo de cuentas bancarias o ingresos ocasionales, pero siempre bajo el mismo principio: preservar el mínimo vital. Esto responde a la realidad de muchas personas que se preguntan “si me condenan a pagar y no tengo dinero ni bienes, ¿qué ocurre?”. En esos casos, la deuda no desaparece, pero la ejecución se suspende o se limita hasta que cambie la situación económica del condenado.

Por tanto, cuando alguien no puede afrontar la indemnización penal, la justicia actúa con prudencia. Si no hay bienes ni ingresos embargables, no se puede obligar al pago inmediato, aunque la deuda quede registrada. El importe seguirá pendiente hasta que el deudor disponga de medios, ya que el derecho de la víctima a ser indemnizada se mantiene vigente.

También es importante aclarar que el Estado no asume el pago de las indemnizaciones cuando el condenado es insolvente o está en prisión. En otras palabras, quién paga las indemnizaciones si es insolvente es el propio responsable, y si se trata de presos sin bienes, quién paga las indemnizaciones de los presos sigue siendo el condenado, no la Administración. En determinados casos, si hay responsables civiles subsidiarios como aseguradoras, empresas o familiares legalmente obligados, el juez puede ordenar que sean ellos quienes cubran total o parcialmente la deuda.

Sin embargo, cuando no hay ni bienes, ni salario, ni responsables civiles, el proceso se paraliza temporalmente. No se puede exigir más allá de lo posible, aunque el expediente de ejecución de sentencia penal por indemnización permanece abierto, a la espera de que el condenado mejore su situación económica.

En definitiva, el embargo de salarios en estos casos busca un equilibrio entre el derecho de la víctima y la dignidad del condenado, asegurando que nadie quede en la miseria por una deuda judicial. Por eso, si te enfrentas a una situación similar, conviene buscar asesoramiento legal y financiero para valorar alternativas como el fraccionamiento del pago, la Ley de Segunda Oportunidad o incluso opciones de ayuda económica urgente, según tus circunstancias.

Opciones legales para afrontar la deuda y el sobreendeudamiento

Si no puedes pagar la indemnización penal, hay vías legales que pueden ayudarte a evitar consecuencias más graves.

1. Solicitar el fraccionamiento del pago de la sentencia penal

Una de las primeras opciones cuando no puedes pagar una indemnización es pedir al juez un fraccionamiento del pago de la sentencia penal, es decir, la posibilidad de pagar a plazos la cantidad establecida en la resolución judicial. Esta medida permite cumplir con la obligación sin tener que asumir un desembolso inmediato que resulte imposible para tu economía.

El tribunal valora la situación económica del condenado, sus ingresos, cargas familiares y su voluntad de cumplir con la sentencia. Si se demuestra que no se dispone de bienes ni capacidad para pagar el total, pero sí se puede asumir una cuota mensual razonable, el juez puede autorizar un plan de pagos adaptado.

Ejemplo práctico:
 Si una persona ha sido condenada a pagar una indemnización de 5.000 €, puede solicitar abonar 100 € al mes si demuestra ingresos limitados o situación de desempleo.

Solicitar este fraccionamiento puede evitar el embargo y demuestra una actitud de cumplimiento ante el juzgado, lo que también puede beneficiar en futuros trámites judiciales o penitenciarios.

Para quienes se encuentran en una situación de insolvencia o urgencia económica, existen alternativas de financiación que pueden ofrecer un respiro temporal. Una de ellas es la ayuda de dinero urgente, que permite obtener liquidez rápida para afrontar pagos judiciales, indemnizaciones o deudas sin esperar a procesos largos ni embargos.

2. Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal pensada para personas en situación de insolvencia o sobreendeudamiento que no pueden hacer frente a sus deudas. Su objetivo es ofrecer una vía real de reorganización o cancelación de obligaciones cuando el deudor demuestra buena fe y una imposibilidad objetiva de pago.

Sin embargo, hay matices importantes que debes conocer:

• Las indemnizaciones penales derivadas de delitos dolosos (cometidos con intención) no suelen poder cancelarse.
• En cambio, aquellas originadas por imprudencia o negligencia pueden, en algunos casos, ser incluidas en el procedimiento, dependiendo del criterio del juez y las circunstancias del caso.

Aun así, esta ley puede aliviar considerablemente la carga económica al eliminar otras deudas (como préstamos, créditos o impagos), facilitando el cumplimiento de las obligaciones penales de forma más viable y humana.

Si te interesa saber cómo acogerte a este procedimiento y conocer los requisitos concretos, puedes consultar esta guía sobre la Ley de Segunda Oportunidad y reunificación de préstamos, donde encontrarás información detallada sobre cómo iniciar el proceso y recuperar tu estabilidad económica paso a paso.

3. Buscar ayuda económica urgente

Cuando una persona se encuentra en situación de insolvencia total o atraviesa una crisis económica grave, buscar ayuda económica urgente puede ser fundamental para evitar consecuencias judiciales más severas. Existen programas públicos, fundaciones y entidades privadas que ofrecen apoyo financiero temporal a personas con dificultades, especialmente si tienen cargas familiares, están en paro o afrontan una sentencia penal con indemnización pendiente.

Este tipo de ayuda no elimina la deuda penal, pero puede evitar embargos inmediatos, facilitar el cumplimiento de los pagos fraccionados y proporcionar un margen de estabilidad hasta recuperar ingresos regulares.

Si te encuentras en una situación de urgencia y necesitas orientación sobre las opciones disponibles, puedes acceder a esta guía práctica sobre ayuda económica urgente, donde encontrarás información sobre programas de apoyo, soluciones de financiación rápida y consejos legales para afrontar de manera responsable el sobreendeudamiento.

Preguntas Frecuentes sobre Deuda Judicial

No poder pagar una indemnización penal no te convierte en delincuente reincidente ni en una persona sin salida. Lo importante es mostrar buena fe, comunicar la situación al juzgado y buscar soluciones legales.

Recuerda:

• La ejecución de sentencia penal por indemnización puede implicar embargo, pero hay límites legales.
• Si eres insolvente, no se te puede exigir lo imposible, aunque la deuda siga pendiente.
• Existen mecanismos como el fraccionamiento o la Ley de Segunda Oportunidad que pueden ayudarte.
• Y, sobre todo, ocultar bienes o desentenderte puede empeorar la situación penalmente.

Si te encuentras en esta situación, infórmate sobre las opciones financieras y jurídicas que te pueden ayudar a empezar de nuevo sin poner en riesgo tu futuro.

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